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Padres despreocupados
En medio del peligro, una alternativa
En el barrio El Sagrado Corazón de Jesús, conocido como Barrio Triste, la fundación Poder Joven asiste anualmente a unos noventa niños que se encuentran en riesgo de caer en la mendicidad, la prostitución u otras problemáticas sociales que se presentan en el sector.
Por: Angélica María Cuevas Guarnizo
Fotografías: Angélica María Cuevas Guarnizo
De lunes a viernes, después de salir del colegio Francisco José de Caldas, en San Benito, los hermanos Daniela* y Sebastián*, de 10 y 12 años, caminan hasta la Casa Karah, sede de la fundación Poder Joven en Barrio Triste, donde se reúnen con sus amigos del barrio a aprender, jugar, comer y alejarse un poco de la violencia que hace parte su cotidianidad. En los últimos 8 años, Poder Joven ha recibido más de trescientos niños que habitan en el centro de la ciudad para ofrecerles alternativas de protección que los alejen del consumo de drogas, el robo, la prostitución y la mendicidad.
Según un diagnóstico realizado por la Fundación sobre las problemáticas sociales del sector: los niños de Guayaquil y Barrio Triste tienen mucha facilidad de acceder al centro de la ciudad, condición que los coloca en situación de alto riesgo, pues permanecen gran parte del tiempo solos en sus casas, empiezan a pasar mucho tiempo por fuera sin reparo de nadie y paulatinamente van estableciendo un contacto con la calle que los conduce a adquirir conductas como el consumo de drogas, el robo, la prostitución y por último pueden convertirse en niños habitantes de calle.
Alexandra López, Coordinadora de la sede de Poder Joven en Barrio Triste, dice que La mayoría de los padres son despreocupados con lo que les pueda pasar a sus niños, los ven en las mañanas y en las noches pero no se enteran de lo que hacen durante todo el día, algunos, como Diana* de 7 años, salen con uniforme de la casa para ir al colegio pero se quedan pidiendo plata en el centro.
«Es normal encontrarse a las mamás viendo novelas, acostadas en la cama. Por lo general son mamás que tiene muchos niños, y esto se convierte en una cadena donde sus hijos repiten las historias (…) muchos pequeños llegan a la fundación porque los amiguitos los invitan, pero los papás no se dan cuenta, ni se interesan por su paradero. Podemos citar a una reunión de cincuenta padres de familia y si llegan 8 es mucho cuento, es muy difícil encontrar padres comprometidos» dice Alexandra.
Para Blanca Agudelo, la Fundación es una salida para no mantener a su hija de 6 años en el inquilinato donde viven en Niquitao, en el que se ve mucha droga. Prefiere dejar a Yudy todo el día en Poder Joven mientras arregla uñas para sostenerse. Con 20 años de edad, espera que Yudy esté un poco más grande para inscribirla en un internado y no tener que preocuparse por ella.
La Fundación, que actualmente atiende a 50 niños entre los 3 y los 13 años, pretende cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud y escolarización de niños de comunidades marginadas; prevenir que los niños atendidos en los programas abandonen sus hogares y tomen como forma de vida la calle; que adopten conductas como: consumo de drogas, prostitución o delincuencia o que se vinculen en el conflicto armado urbano. Así que mediante proyectos educativos que incluyen temáticas como sexualidad, autoestima y prevención al consumo, se trata de orientar a los niños en la construcción de un proyecto de vida sano.
En Barrio Triste el apoyo por parte de la comunidad hacia la Fundación es muy poco, a los niños los tratan como gamines por ser bullosos y ser hijos de recicladores y venteros ambulantes, «que se va a esperar de esos niños si los papás son consumidores» dice Clemencia Hoyos quien vende jugos en el barrio.
Cómo viven
La residencia-hotel El descanso del pasajero, edificio ubicado muy cerca a la Plaza de las luces, en el centro de Medellín, es el hogar del 80% de los niños que diariamente asisten a la fundación Poder Joven. En este lugar viven cerca de 40 familias que, en su mayoría, llegan huyendo de la violencia de los barrios periféricos o de cualquier municipio del país.
Las condiciones de vida dentro del inquilinato son mínimas: tienen bajos niveles de iluminación, ventilación y condiciones sanitarias, los 5 baños son compartidos por los todos los habitantes, los pasillos estrechos se convierten en canchas de futbol, sala de reuniones y lugar para hacer tareas. En las pequeñas habitaciones de unos 12 mt2 donde normalmente viven de 4 a 10 personas, hay espacio para cocinas improvisadas, camas, animales y pertenencias de las familias que pagan en promedio 11 mil pesos diarios, que multiplicados por un mes reuniría el dinero suficiente para pagar un arriendo en un lugar más cómodo. Pero la mayoría de los inquilinos son trabajadores informales dedicados a las ventas ambulantes, el reciclaje, la prostitución, la venta de drogas y la mendicidad, acostumbrados a reunir diariamente el dinero necesario para comer y pagar la habitación en la que terminan viviendo días y tal vez años. «Para los niños es normal tener de cerca todos los días la prostitución, el consumo y la violencia» dice Dora López, pedagoga de Poder Joven.
Nelba Agudelo, recicladora y madre Jesús Enrique y Luz Mery quienes asisten a Casa Karah hace algunos años, lleva 13 años viviendo en El descanso del pasajero, a sus 46 años ha tenido 8 hijos de los que se le han muerto 2 en la calle, vive feliz en el Hotel porque «allá es la única parte donde usted puede llegar con cincuenta hijos y se los reciben». Prefiere que sus dos hijos menores asistan a la Fundación en vez de que se queden vagando en la calle, «al menos los ponen a estudiar».
Los niños
Lina* de 13 años, trabaja vendiendo dulces desde que tenía 7, el tono de voz brusco y las miradas evasivas que acompañan sus palabras parecen de una mujer mucho mayor. La sombra sobre los ojos, la pestañina y el rubor esconden la niña que luego de ayudarle a sus padres reciclando, o después de vender dulces, se concentra en aprenderse las últimas canciones de reggaeton o vallenato para llegar a ser la cantante famosa con la que sueña. A Lina le gusta leer cuentos para después contárselos a sus hermanos menores, en total son 8 hijos de indígenas. A sus 13 años ya se fue y volvió a la casa, luego de vivir dos meses con su novio de 19 años en el barrio La Sierra, Lina piensa terminar el colegio para poder tener hijos porque «hacer familia a esta edad es muy complicado». Asistió a la fundación (Poder Joven) durante 6 años, y al cumplir 13 trataron de vincularla a otras entidades que trabajan con niños mayores, pero no se ha amañado en ninguna.
A Jimmy, de 11 años, le gusta ir a la Fundación porque «pasan cosas buenas como llevarnos a paseos y aprender a respetar al otro», su mamá se mantiene en la casa mientras su papá arregla mofles y soldaduras en Barrio Triste. Jimmy trabajó durante un año vendiendo dulces en los semáforos pero dice que se aburrió de aguantar sol todos los días. «Yo trabajaba para tener mis lucas, mi papá me daba mil para el colegio pero yo quería cinco mil, dejé de trabajar cuando mi papá me dio más plata».
Los niños por lo general tienen mucha libertad y la mayoría de ellos han trabajado alguna vez en la vida. Dora López explica que «no es fácil decirle a un niño que no trabaje y que luego cuando éste llega a la casa no hay con qué pagar la pieza o comer, existe de parte de los padres cierta presión y ellos no se quieren quedar quietos sabiendo que tienen necesidades.»
*Nombres modificados por petición de la fundación Poder Joven.
INFORME
Publicado en el periódico Contexto No. 17 septiembre de 2008
Víctimas de la impunidad
Por:
Angélica María Cuevas Guarnizo
Mónica María Samudio Valencia
María Fernanda Montoya Rodríguez
Una víctima del Estado es aquella persona a la que los servidores públicos le vulneran sus derechos fundamentales, cometiendo el delito o permitiendo que se cometa. En la mayoría de los casos los crímenes quedan en la impunidad. Los procesos en contra de los responsables son permeados por la corrupción, la ineficacia y la falta de voluntad política para llevar a cabo las investigaciones.
El 6 de noviembre de 1985, luego de la toma del M-19 (Movimiento 19 de Abril) al Palacio de Justicia, once personas fueron desaparecidas por agentes públicos después de salir custodiados hasta la Casa de Llorente. Por muchos años no se supo nada de ellos.
Luego de 22 años de ocurridos los hechos y con varios procesos penales que se abrieron y se cerraron, la fiscalía reconoció que hubo “desaparición forzada” por parte de los militares y abrió investigaciones contra los implicados. Este hecho inmortalizado en los titulares de varios medios de comunicación (Semana, El Tiempo, El Espectador) no alcanza a ilustrar la verdadera realidad de una problemática que deja cientos de víctimas silenciadas.
La desaparición forzada, los crímenes extrajudiciales, torturas, violaciones, masacres, expulsiones, traslados forzados, asesinatos y demás agresiones en contra de los Derechos Humanos por parte del Estado, dejaron en Antioquia, entre los años 1998 y 2007: 3.709 víctimas (ver recuadro), que equivaldría a desaparecer a todo el pueblo de Murindó en el Urabá Antioqueño.
El caso Lalinde
Luis Fernando Lalinde, estudiante de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana y militante de un partido de oposición, fue torturado y asesinado por el Ejército Nacional el 3 de octubre de 1984 en Jardín-Antioquia. Después de 24 años su madre, Fabiola Lalinde, aún investiga el crimen.
“Usted empieza a encontrar caminos de impunidad: Ellos (la Policía, Generales) te dicen que no saben, no lo conocen, será que se fue con la otra para la costa, por qué no lo busca en la guerrilla”, cuenta Fabiola.
Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, afirma que los procesos de denuncias se caracterizan por su alta impunidad que logra superar el 90% -cifra confirmada por Amnistía Internacional en su último informe-. Los casos se quedan en la investigación previa, los crímenes son encubiertos y las comunidades no denuncian, primero porque no tienen pruebas y segundo por temor. “De ser penalizado el crimen, las sanciones son ridículas: 3 o 4 años de cárcel, regaños públicos o suspensiones del cargo”.
Ninguno de los militares implicados en el caso de Luis Fernando Lalinde ha sido judicializado, a pesar de que la ley 589 de 2000 (artículo 11) indica que el Estado tiene la obligación de realizar todas las acciones necesarias tendientes a establecer el paradero de la victima, conocer las razones de su desaparición e informar a sus familiares. “Después de haber encontrado los restos, se demoraron cuatro años para identificarlos, las versiones de los militares eran contradictorias, buscaron la manera de desviar el proceso (…) y a los que estaban más comprometidos los mandaron a hacer cursos en el exterior”, dice Fabiola.
En Colombia existen dos tipos de jurisdicción: ordinaria y penal militar, la primera imparte justicia a todas las personas en general, mientras que la segunda se le aplica a todo sujeto que sea miembro activo del cuerpo militar o policial.
Celia Arizmendy Espinosa, Procuradora Primera Judicial Penal, asegura que los asesinatos perpetrados por miembros de la fuerza pública deberían ser revisados por la justicia ordinaria en vez de la penal militar, donde es normal que se archiven los casos o se exoneren a los culpables. La Justicia Penal Militar está conformada por militares que tiene la tarea de juzgar a sus pares.
“A nivel del departamento creo que hemos avanzado bastante, se logró que el Fiscal General creara una subunidad solo para delitos contra personas protegidas, (periodistas, sindicalistas, líderes comunitarios) y aunque solo hay dos fiscales para todos los casos en Antioquia que son más o menos 600 procesos, el logro es que ahora la autoridad estatal reconoce que sí se comenten crímenes contra la población.”
Las víctimas se hacen sentir
Fabiola Lalinde fue una de las fundadoras de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia (ASFADDES) en Medellín, para ella el surgimiento de todas las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), que trabajan por estas víctimas, es una respuesta a la ineficiencia del Estado.
Las ONGs contribuyen a la defensa, promoción y protección de los derechos civiles y políticos, la lucha contra la impunidad y la materialización de la verdad, la justicia y la reparación integral. Dentro de sus mecanismos de acción ofrecen capacitación jurídica y atención psicológica a los afectados.
Tanto las ONGs como los informes de Human Rigth Watch y Amnistía Internacional, entidades que velan por el respeto de los Derechos Humanos en el mundo, coinciden en afirmar que en Colombia los crímenes efectuados por el Estado se encuentran directamente relacionados con el paramilitarismo.
Entre los datos registrados por Amnistía (informe 2008) aparecen al menos 230 homicidios de ciudadanos, entre junio de 2006 y junio de 2007, que se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en complicidad con las fuerzas de seguridad. Estos abusos contra los Derechos Humanos se presentaron especialmente, en algunas regiones y áreas rurales del Valle del Cauca y Antioquia.
¿Dónde queda la reparación?
Para Fabiola “Las cosas van mucho más allá de la plata, lo que pasa es que el Estado siempre está pensando en eso. Pero dónde queda la dignidad de la gente, lo que hacían, quiénes eran. Mi hijo no era un delincuente”.
Para conseguir la reparación integral los familiares de las víctimas tendrían que denunciar el caso ante las entidades encargadas (Personería, Defensoría, Procuraduría, Fiscalía) que están obligadas a promover, vigilar y defender los derechos humanos en Colombia.
Un funcionario de la Defensoría del Pueblo afirma que “es muy difícil llegar a la reparación porque la justicia es demasiado lenta, la defensoría no tiene muchos recursos para trabajar pues a ningún gobierno le gusta que le destapen esas ollas. Si se quisiera ser transparente se apoyarían los órganos de control con recurso humano calificado, recurso técnico y con un alto presupuesto para que las investigaciones lleguen a su fin, cosa que aquí no ocurre”.
El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” explica que la reparación va más allá de lo económico. Es más importante saber la verdad de lo ocurrido: encontrar los restos del desaparecido, conocer a los autores materiales e intelectuales del asesinato, devolver el territorio robado en condiciones dignas y de seguridad y garantizar que las violaciones no van a volver a repetirse.
Momentos de Ocio 